El telón de la información: Nueva Ley de Intimidación

En mitad de una crisis, que muchos políticos se empeñan en afirmar que está acabando, una nueva propuesta de Ley Ciudadana acecha, precisamente, a la seguridad de muchos ciudadanos. Muchas personas del mundo de los medios de comunicación y de partidos políticos de la oposición han manifestado su desacuerdo ante algunas de esas leyes que el gobierno de Rajoy pretende implantar para potenciar la seguridad ciudadana. Muchas de esas leyes, que calificaría como “absurdas”, no son más que medidas y sanciones que intentan imponer más represión.

El ciudadano sale a la calle, se manifiesta, va con amigos, con compañeros o familiares para pelear por una causa que cree justa. El gobierno mira hacia otro lado y el ciudadano, incansable, porque le están arrebatando todos los derechos que tiene, sigue peleando por lo que es suyo. El gobierno es consciente pero tiene “asuntos más importantes” a los que atender, y, ¿cuál es la manera más rápida y fácil de quitar de en medio al ciudadano que estorba? La respuesta es clara: imponerle multas de miles de euros que muchas personas no pueden permitirse pagar, por dos motivos: en primer lugar, porque es un robo a mano armada y una estafa; y en segundo lugar, el ciudadano no tiene tales cantidades de dinero para afrontar esas sanciones.

No voy a negarlo. Muchas veces hemos asistido a manifestaciones y la “cosa” se ha complicado un poco por culpa de los “radicales” que son aquellos que, intentando romper la unidad y la armonía de una protesta ciudadana, salen a las calles con la intención de provocar. Es difícil no generalizar en este caso cuando en días de huelga, piquetes y algunas otras personas, queman contenedores, rompen escaparates y alteran el orden público haciendo imposible una marcha pacífica, por lo que los ciudadanos que salen a las calles para reivindicar sus derechos son metidos en el mismo saco que aquellos pocos que buscan romper bruscamente de manera violenta la razón por la cual la sociedad se manifiesta.

No sabría decir cuál es el propósito que se propone el gobierno con estas sanciones desmesuradas que oscilan entre los 1.000 euros hasta los 600.000. Quizá el objetivo es sacar dinero fácil, reprimir a la sociedad o simplemente tocar las narices, que eso mismo llevan haciendo desde hace ya unos años. Está claro que hay que tomar medidas en algunas cuestiones, sobre todo en asuntos que afectan a la alteración del orden público, a la prostitución en zonas infantiles como parques o colegios, o a asuntos de drogas.

Entre tanta confusión e indignación social que esta crisis provoca es importante que existan leyes que regulen muchos aspectos de la seguridad ciudadana, pero la indignación aumenta cuando por filmar a un agente de la policía pueden imponer una multa de hasta 600.000 euros, o por asistir a una concentración no autorizada por el Congreso de los Diputados e incluso por insultar a un policía la multa puede ascender a 30.000. Con esto se demuestra que esta ley ciudadana se vuelve contra el mismo ciudadano. Y estas leyes, en su mayoría, no son más que una estrategia de intimidación que pretende imponer el miedo a la sociedad.